La historia del asociacionismo en España en el siglo XIX e inicios del siglo XX sufre una continúa alternancia entre libertad y represión. Desde la primera legislación de previsión social relativa a la responsabilidad del empresario ante los accidentes de trabajo –año 1900- hasta el comienzo de la Guerra Civil Española en 1936, la mayoría de los programas de previsión en España eran de tipo voluntario, estimulados por el Estado mediante subsidios, y en todos los casos, dirigidos exclusivamente a trabajadores industriales.
En un contexto de consolidación del proceso de industrialización el movimiento obrero, fue el grupo social que comenzó a movilizarse por conseguir mejores condiciones sociales. Alentado este movimiento por ideologías como el anarquismo, socialismo y comunismo, la actividad asociativa, por ende el asociacionismo, entre las clases más necesitadas se convirtió en un vehículo catalizador de las reivindicaciones sociales.
Se creó en 1908 el Instituto Nacional de Previsión (INP) que tuvo como antecedentes la Comisión de Reformas Sociales en 1883 y el Instituto de Reformas Sociales de 1903, primeras institucionalizaciones de la previsión social. La diferencia con estos antecedentes es que el INP, podía delegar sus competencias administrativas en entidades privadas. Pero las coberturas que se ofrecían eran principalmente tres riesgos sociales: jubilación, maternidad y accidentes de trabajo, quedando el resto de contingencias bajo el amparo de la previsión voluntaria o privada, subsidiada parcialmente por el Estado.
El máximo apogeo del movimiento asociativo de los trabajadores tuvo lugar en la II República de España (1931-1936). En su Constitución se adoptó una disposición en la que se apuntaba que el Estado tenía la responsabilidad de crear un sistema de seguros sociales obligatorios, más allá de los tres riesgos anteriormente citados. Por lo que esta afirmación representa un momento decisivo hacia una mayor previsión social.
Tras la Segunda Guerra Mundial mientras en el resto de países europeos el Estado de Bienestar comenzaba ha desarrollarse, en España no llegaría hasta finales de los años setenta. Durante las cuatro décadas del Régimen Franquista (1939-1975) el Estado aglutinó la total responsabilidad en materia de acción social, y al quedar mermados por el régimen autoritario los cauces de participación, el asociacionismo de la sociedad civil se paralizó.
La ampliación de los seguros sociales entre la década de los cincuenta fue la conversión del antiguo Subsidio de Vejez en el Seguro de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones de cuantía fija financiadas entre los empresarios y el Estado para trabajadores con bajos ingresos de más de setenta y cinco años, que incluían también a personas con discapacidad de más de setenta años.
