La ley de asociaciones de 1964 dio cobertura legal a las organizaciones surgidas de las iniciativas de la ciudadanía, emancipándolas de la tutela estatal y eclesiástica. Podría decirse que el régimen franquista se abría, en cierta medida, al impulso internacional del movimiento por los derechos civiles. Esto permitió la actuación de algunos grupos en torno a la Iglesia como Cáritas, Cruz Roja Española y asociaciones de servicios.

Entre los años 1963 a 1975 se produjo el desarrollo del Estado de Bienestar en España, con medidas como la implantación de la Ley de Bases de Seguridad Social y especialmente la reforma de las pensiones de 1972. Esta reforma fue diseñada para expandir la protección social, vinculando las contribuciones de los afiliados a los salarios reales, y no vinculadas como hasta entonces, a una escala de categorías profesionales. Esto propició un aumento del gasto en prestaciones económicas que en años posteriores fue incrementándose. Según la fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) en 1975, poco más de diez millones de personas eran contribuyentes, y tres millones y medio beneficiarias de pensiones. Por lo que el sistema había alcanzado un nivel bastante elevado de cobertura.

Fue a principios de los setenta, cuando en el contexto socio-político de España comenzó a desatarse un deseo de cambio social y político, que mejorará la protección social de la ciudadanía y las condiciones de vida. Fue entonces cuando los movimientos sociales volvieron a consagrarse como bastiones de la defensa de los derechos sociales. La necesidad de cambio que sentía la ciudadanía se tradujo en voluntad de acción y empujo a que la participación ciudadana, adormecida por obligación durante un régimen autoritario, retomará el protagonismo que le fue negado en años anteriores por varios contextos sociales: medios de comunicación, instituciones de enseñanza, lugares de trabajo o de esparcimiento vecinal, etcétera. La participación ciudadana alentada por la necesidad de una trasformación social, comenzó a movilizarse con más ímpetu ante las administraciones, y las asociaciones, progresaron en su vertebración.

A partir de la reforma política de 1977 que permitió la legalización de todos los partidos políticos, las reivindicaciones y dirigentes movilizadores de los movimientos sociales, se adhirieron al entramado y estructura de los partidos políticos. Al incorporarse en los partidos políticos, la participación ciudadana perdió fuelle en sus objetivos de movilización y crítica social ante las instituciones.

La ciudadanía comenzó a sentirse representada por las nuevas instituciones democráticas, y paulatinamente la labor de defensa de los intereses colectivos que venía realizando la iniciativa social a través de asociaciones u organizaciones, quedó en los partidos políticos y el estado. Se inicia la desarticulación de la iniciativa social en pro de los poderes públicos como garantes de las demandas sociales y gestores directos de la protección y servicios sociales para la ciudadanía.